Tiene la finalidad de sugerir al proveedor de productos que ingresan a los centros de reclusión, precios justos con base en el mecanismo Quién es Quién en los Precios
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (OADPRS) firmaron un convenio de colaboración para garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras que se encuentran privadas de la libertad en los Centros Federales de Reinserción Social (Ceferesos).
Profeco presenta opciones sustentables para la gestión menstrualPuebla, con una de las gasolineras más baratas del país según ProfecoEl convenio tiene la finalidad de sugerir al proveedor de productos que ingresan a los centros de reclusión, precios justos con base en el mecanismo Quién es Quién en los Precios.
El primer acuerdo entre la Profeco y el OADPRS se signó el 19 de junio de 2018 con la finalidad de desarrollar acciones conjuntas para asegurar la protección de los derechos e intereses de las personas privadas de su libertad en su calidad de personas consumidoras.
En abril de 2022 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación (078/2022) ante denuncias de incremento de precios que se venden en los Ceferesos. La CNDH estableció en su recomendación garantizar que el control de precios fuera eficaz, mediante verificaciones realizadas por la Profeco.
EL 20 el convenio fue actualizado por los titulares de la OADPRS, Omar Reyes Colmenares; de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, y la apoderada legal de la empresa proveedora, atendiendo puntualmente la recomendación de la CNDH.
Con este convenio “damos cumplimiento a la recomendación 078/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que establece que es necesario respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad de los Centros Federales”, comentó el titular de la Profeco. Se les garantizan “mejores condiciones de vida aunque sea en circunstancias difíciles. Se pone el acento en la dignidad humana”, dijo.
Mediante el convenio se establecen las bases de colaboración entre las partes involucradas, conforme a sus facultades, para asegurar la protección de los derechos e intereses de las personas privadas de la libertad, en su calidad de personas consumidoras de los productos que ingresan a los Ceferesos.
A través de la Dirección General de Estudios sobre el Consumo, la Profeco recibirá, de manera bimestral, el catálogo que proporcione el OADPRS de productos que ingrese la empresa proveedora a los Ceferesos para consumo de las personas privadas de su libertad.
Con base en dicho catálogo, la Profeco podrá identificar productos cuyos precios se hayan recolectado a través del programa Quién es Quién en los Precios (QQP) y compartirá esta información con el OADPRS, quien a su vez lo hará llegar a la empresa para que la tomen como referencia y determinar el precio final de los productos.
Cuando algún producto del catálogo no se encuentre en el mercado regular, y por lo tanto su precio no se encuentre en la base de datos del “QQP”, la Profeco recabará información sobre otros cuyas características sean similares y la incorporará en el QQP, para facilitarla al OADPRS” y a la empresa, a fin de que la utilicen como referencia para determinar el precio final de los productos.
Asimismo, a través de la Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, se vigilará que el proveedor cumpla con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Protección al Consumidor y demás normativa aplicable, respecto de los productos que se comercializan en los Ceferesos.
Por su parte, el OADPRS proporcionará un informe sobre la ejecución de los compromisos cada tres meses, a efecto de dejar constancia sobre las acciones realizadas en materia de derechos humanos, con especial énfasis en la protección de los derechos de las personas consumidoras privadas de su libertad.
“Con este convenio se garantiza la ética, la transparencia y la rendición de cuentas como forma de acceder a mejores condiciones de vida, el derecho del consumo nace como una forma de proteger a la sociedad en su conjunto, entendiendo que todas las personas en algún momento son consumidoras, es así que necesitamos herramientas de vanguardia para ello”, dijo Escalante Ruiz, quien estuvo acompañado de las subprocuradoras de Jurídico, Gabriela Limón García, de Verificación y Defensa de la Confianza, Andrea González Hernández, y de la coordinadora general de Educación y Divulgación, Gabriela Karem Loya Minero.
