Ricardo N fue acusado de sustraer a su hijo menor y separarlo de su madre, Andrea Lezama Bonilla
La jueza de control del Poder Judicial del Estado de Puebla, Alejandra Román Pérez, determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a arresto domiciliario para Ricardo N, señalado como el primer hombre vinculado por el delito de violencia vicaria en Latinoamérica, decisión que ha generado indignación entre colectivos y víctimas.
Ricardo N fue acusado de sustraer a su hijo menor y separarlo de su madre, Andrea Lezama Bonilla, durante más de seis años. Pese a que la jueza reconoció en audiencia que existe un riesgo real de sustracción, decidió que el imputado enfrente su proceso desde el domicilio de sus padres, bajo vigilancia permanente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, sin imponerle el uso de una pulsera electrónica. Cabe señalar que los padres del agresor fueron los principales cómplices al encubrir a Ricardo N.
Colectivos como Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria y la Colectiva Amorosas Madres Contra la Violencia Vicaria (Cam-Cai) calificaron la resolución como un retroceso preocupante en la lucha contra esta forma de violencia, señalando una falta de sensibilidad y perspectiva de género e infancias por parte del Poder Judicial.
“Con esta decisión se priorizan los derechos del agresor por encima de la seguridad e integridad de las víctimas: una madre y su hijo menor”, denunciaron las organizaciones mediante un comunicado.
Andrea Lezama, reconocida por su activismo en favor del reconocimiento legal de la violencia vicaria, expresó su preocupación ante la liberación de su agresor.
“Me siento profundamente indignada, dolida y con mucho miedo... La decisión de la Jueza me quebró, porque después de tantos años de luchar, de tocar puertas, de pedir justicia, lo que recibo es una resolución que pone en peligro la vida de mi hijo y la mía” señaló Andrea Lezama.
Cabe recordar que el 17 de abril de 2024, Lezama Bonilla obtuvo la guardia y custodia total de su hijo, tras una batalla judicial que duró más de seis años. La resolución fue emitida por la jueza María Rosalba Pantoja Vázquez y ratificada por la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Margarita Gayosso Ponce.
Ricardo N había sido vinculado a proceso en octubre de 2022 por sustracción de menores y violencia familiar, luego de haber llevado al niño a Baja California Sur, donde lo mantuvo alejado de su madre por más de 2 mil 300 días.
La reciente decisión judicial ha encendido alertas entre defensoras de derechos humanos, quienes exigieron al Poder Judicial garantizar medidas reales y efectivas de protección.
“No existen condiciones de confianza ni seguridad; esta resolución pone en riesgo la vida de Andrea y su hijo”, denunciaron.
La liberación de Ricardo N no solo representa un golpe para Andrea Lezama, sino también un precedente inquietante en el tratamiento de la violencia vicaria en México y Latinoamérica.
